ATE convoca paro nacional de 24 horas el 15 de octubre

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) lanzó un llamado a la acción: un paro general de 24 horas el próximo jueves 15 de octubre, con el objetivo de presionar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. La medida de fuerza se producirá el mismo día en que la Cámara de Diputados abrirá un turno especial para tratar la eliminación del DNU, entre otras iniciativas legislativas.

Según declaró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el decreto “es un delivery para las grandes corporaciones”. Señaló que el texto incluye más de 300 normas, deroga la Ley de Tierras, la de Góndolas y la de Alquileres, habilita la privatización de empresas públicas y entrega el comercio exterior a diez compañías. Para Aguiar, “no es reforma, es saqueo”. La fuente no detalla cuáles son esas diez empresas ni el alcance exacto de la supuesta privatización, lo que deja abierta la cuestión de cuán amplio es el impacto real del DNU.

El paro, según el gremio, paralizará una lista extensa de servicios: recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares. Además, se limitarán los vuelos a los sanitarios y de Estado bajo la supervisión de la ANAC, mientras que PAMI y ANSES atenderán solo emergencias. La fuente no indica cuántos empleados participarán ni si existen planes de contingencia para los servicios esenciales, lo que genera incertidumbre sobre la magnitud del daño colateral.

Paralelamente, la movilización se inscribe en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial, la actualización de becas y los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas. La coincidencia de ambas protestas sugiere una estrategia de presión conjunta, aunque la nota no aclara si los dos movimientos están coordinados o si comparten una agenda política más amplia.

En la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó a la oposición por solicitar la sesión del jueves, calificándola de “intento de desestabilizar”. Menem argumentó que el oficialismo había pedido una sesión más amplia para el 21 de octubre y que la convocatoria de la oposición carece de fundamento. La respuesta del gobierno frente al paro y la presión de ATE no se menciona en la fuente, dejando sin respuesta oficial la pregunta de si se contemplan negociaciones o medidas de mitigación.

El anuncio de ATE plantea varios interrogantes. Primero, ¿qué tan factible es mantener operativos los servicios críticos con la reducción anunciada? Segundo, la acusación de “saqueo” se basa en una lista de supuestas privatizaciones que no se detalla, lo que dificulta evaluar la gravedad de la medida. Tercero, la falta de información sobre la cantidad de trabajadores involucrados y los planes de contingencia impide medir el costo real del paro para la población.

En ausencia de datos oficiales sobre la respuesta del Ejecutivo y sin una descripción precisa del contenido del DNU, la presión de ATE se queda en gran medida en el terreno de la denuncia. La efectividad de la huelga dependerá de cuán rápido se logren acuerdos y de si el Congreso avanza en la derogación del decreto. Mientras tanto, la ciudadanía deberá enfrentar posibles interrupciones en servicios esenciales sin saber con certeza cuánto durarán ni qué alternativas existirán.