Milei quiere aprobar Presupuesto 2027 en noviembre y asegura fondos para discapacidad
El gobierno defendió este martes el proyecto de Presupuesto 2027 y anunció que la Cámara de Diputados lo debatirá el 18 de noviembre, después de la visita papal. Guberman garantizó la financiación para la emergencia en discapacidad, pero la oposición sigue exigiendo precisión sobre los montos y la posible derogación de la Ley de Emergencia.
En la sesión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presentó los principales rubros del proyecto para 2027 y dejó claro que el oficialismo pretende convocar una discusión en la Cámara de Diputados el 18 de noviembre. La fecha se plantea después de la visita del Papa León XIV, siempre que el Vaticano confirme su agenda, y se inserta en un calendario que incluye tres audiencias informativas: una el miércoles con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otras dos el 20 y 27 de octubre. Tras esas reuniones, la comisión emitiría su despacho, pero varios legisladores viajarán a Estados Unidos para observar las elecciones legislativas, lo que podría retrasar el trámite.
Guberman subrayó que el presupuesto incluye “lo que está relacionado con discapacidad cumpliendo con la Ley de Emergencia o cualquier alternativa que salga”. En cifras, el Ministerio de Economía asignó 7,25 billones de pesos al total del gasto, de los cuales 6,094 billones se destinarán a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y 1,1 billón a la atención médica de esos beneficiarios. Si la nueva Ley de Discapacidad se aprueba, el Ejecutivo tendría que reforzar esas partidas en alrededor de 600 mil millones de pesos.
Sin embargo, la oposición, liderada por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), presionó al secretario para que precise si el Gobierno levantará los artículos que derogan los puntos clave de la Ley de Emergencia. Guberman reconoció diferencias entre la Casa Rosada y algunos legisladores del oficialismo, admitiendo que “será cuestión de lo que el Congreso decida”. La falta de claridad sobre los fondos exactos y la posible eliminación de la normativa de emergencia deja abierta la pregunta de cómo se financiará la ampliación prevista sin afectar el equilibrio fiscal.
El presupuesto también destina 7,7 billones a la educación superior, una cifra que dista de los 11 billones que reclaman los rectores universitarios. Luis “Toto” Caputo, enviado del ministro de Economía, evitó dar respuestas precisas, lo que sugiere que el tema volverá a la agenda congresal cuando el secretario de Educación, Carlos Torrendell, comparezca la próxima semana.
En cuanto a la disciplina fiscal, el proyecto proyecta gastos corrientes de 198,45 billones (14 % del PBI, con variación del 26,2 %), una recaudación de 122,59 billones (mejora del 30,6 %) y aportes a la seguridad social de 62,33 billones (subida del 19,6 %). Las transferencias corrientes vinculadas a asistencia social, subsidios energéticos y transporte alcanzan 65,6 billones, con una variación del 51,4 %. Guberman destacó la defensa del equilibrio fiscal y recordó que 21 de 24 provincias firmaron el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, aunque Buenos Aires, Formosa y La Rioja no lo hicieron.
El presupuesto también contempla los tres pasos electorales, incluidas las PASO, pero no incorpora ingresos por privatizaciones. En proyecciones macro, se espera un crecimiento del 4 % anual, inflación del 18 % interanual y un tipo de cambio de 1.847,6 pesos para diciembre de 2026, lo que representaría un alza del 15 % respecto al estimado de 1.600 pesos a fines de 2025. Además, se prevé un superávit primario del 1,3 % del PBI y un excedente financiero del 0,2 %, junto con exportaciones superiores a US$ 130 mil millones y un superávit comercial que superaría los US$ 15 mil millones.
Quedan varias incógnitas: si el Senado logrará debatir el proyecto antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período ordinario; cómo se resolverá la discrepancia entre la financiación universitaria anunciada y la demanda de los rectores; y si la garantía de fondos para la discapacidad resistirá posibles modificaciones legislativas. La presión de la oposición y los viajes internacionales de varios diputados podrían complicar aún más el calendario, obligando al presidente Javier Milei a convocar sesiones extraordinarias para evitar un estancamiento. En definitiva, el debate del Presupuesto 2027 se perfila como una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de articular sus promesas fiscales con la realidad política del Congreso.
