Abogados de los hijos de Maradona piden 12 años a su neurocirujano

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su fase final el martes, cuando los abogados Mario Baudry y Félix Linfante, que representan a los hijos menores del “Diez”, expusieron sus argumentos ante los jueces de San Isidro. Cada uno contó con un máximo de dos horas para sostener su posición, tras la intervención de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes reiteraron la teoría del caso y presentaron sus pedidos de pena.

En la solicitud de los querellantes, el neurocirujano Leopoldo Luque recibió la condena más alta: doce años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. A la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini se le pidió una pena de diez años, y a la psiquiatra Agustina Cosachov, ocho años, bajo la misma calificación penal. Por otro lado, el psicólogo Carlos Díaz fue acusado de homicidio culposo y los fiscales pidieron cinco años de cárcel; al enfermero Ricardo Almirón y a su jefe Mariano Perroni también se les imputó homicidio culposo, con una pena solicitada de cuatro años cada uno.

Una excepción notable fue el médico clínico Pedro Di Spagna, a quien la fiscalía decidió no presentar cargos. “Fue el único que hizo todo bien, vamos a pedir su absolución”, señaló el equipo del Ministerio Público Fiscal. La decisión quedó sin mayores explicaciones en la audiencia, lo que deja abierta la cuestión de por qué un profesional que participó en la atención del futbolista quedó exento mientras que otros recibieron condenas sustanciales.

La jornada fue transmitida en directo por YouTube, al igual que la audiencia del miércoles, cuando los abogados Pablo Jurado y Fernando Burlando cerrarán los alegatos de la parte querellante. La transmisión, anunciada como una medida de transparencia, también generó críticas sobre la posible exposición de los involucrados a un espectáculo mediático.

Tras casi seis meses de dilación, la audiencia reunió a las hijas del exfutbolista, a sus exparejas y a sus hermanas, en un escenario que, más allá del proceso judicial, parece una puesta en escena pública. La presencia de la familia y la cobertura en tiempo real plantean preguntas sobre la influencia de la opinión pública en la impartición de justicia.

Quedan varios puntos sin respuesta. La fiscalía no explicó por qué el neurocirujano recibió la pena más alta, pese a que la causa de la muerte sigue siendo objeto de debate entre peritos. Tampoco se detalló la evidencia que justifica la diferencia de años entre los profesionales de la salud, ni se aclaró cuál fue el rol concreto de cada uno en los momentos críticos del tratamiento. Además, la decisión de absolver a Di Spagna sin una justificación pública abre la posibilidad de que haya criterios no divulgados que guíen la acusación.

Otro aspecto que genera dudas es la clasificación de los delitos como “homicidio simple con dolo eventual”. La figura legal implica que los acusados sabían que sus actos podrían causar la muerte, pero no la buscaron directamente. Sin acceso a los informes periciales, la audiencia no permite evaluar si esa calificación corresponde a la realidad de los hechos o si responde a una estrategia de presión judicial.

Finalmente, la transmisión en YouTube, aunque aplaudida por su carácter abierto, plantea el riesgo de que la presión mediática influya en la decisión de los jueces. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad cuando los argumentos se convierten en contenido para una audiencia masiva? La respuesta a esa cuestión será crucial para entender si el proceso judicial cumple su objetivo de justicia o se transforma en otro escenario de espectáculo alrededor de la figura de Maradona.