Argentina pierde ocho puestos en ranking global de igualdad de género
El país cayó al puesto 45 en el informe del Foro Económico Mundial, mientras el gobierno recorta a la mitad los recursos destinados a políticas de género. Los recortes, que incluyen la desaparición de partidas presupuestarias, se dan en medio de un aumento de la violencia contra las mujeres y del desempleo femenino.
El último informe de Brecha de Género del World Economic Forum (WEF) sitúa a Argentina en el puesto 45, ocho posiciones menos que el año anterior. El descenso se produce en un contexto de fuerte desfinanciamiento de las políticas públicas que buscan cerrar esas brechas. Según un análisis de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado a programas como Acompañar se redujo un 90 % respecto a 2023 y, a partir de 2025, dejó de aparecer como partida identificable. La línea 144, que financia denuncias de violencia de género, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y desapareció en 2025‑2026, lo que dificulta conocer los recursos realmente ejecutados.
En conjunto, los recursos proyectados para 2027 para Acompañar, la Línea 144, Protección de Víctimas de Violencias y la Ley Brisa están aproximadamente un 89 % por debajo de los niveles de 2023, en términos reales. La ACIJ advierte que, aunque el presupuesto para Protección de Víctimas y la Ley Brisa aumentó, la magnitud de los recortes y eliminaciones supera con creces esas subidas.
El retroceso en el ranking no es meramente numérico. Entre enero y agosto de este año, el Observatorio registró al menos 173 víctimas letales de violencia de género: 142 femicidios directos, 18 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios. Cada una de esas cifras implica la pérdida de una madre para al menos 182 hijos. Al mismo tiempo, el INDEC informó que el desempleo alcanzó el 7,9 % en el segundo trimestre y que la proporción de trabajo informal subió al 45 %. Las mujeres jóvenes (14‑29 años) encabezan la lista de desocupación con un 17,1 %, una ligera alza respecto al trimestre anterior.
El propio presidente Javier Milei, en su discurso de 2025 en Davos, describió la “ideología de género” como “abuso infantil” y calificó las políticas de igualdad como una “agenda woke” o “del socialismo”. Estas declaraciones encajan con lo que la ACIJ llama la “batalla cultural” del gobierno, que mantendrá el desfinanciamiento de los programas de género al menos hasta 2027.
A nivel regional, Argentina se ubica en el puesto 12 de América Latina y el Caribe, detrás de países como Brasil, Chile y México. En el sub‑índice de participación económica y oportunidades, el país quedó en el puesto 107 de 145, mientras que en acceso a la educación comparte el primer lugar con 30 naciones, entre ellas Finlandia y Estados Unidos. En salud ocupa el puesto 43 y en participación política el 30.
El informe mundial del WEF señala que, a nivel global, la brecha de género está cerrada al 69,2 % –un avance de 0,4 puntos respecto al año anterior– y que faltan 120 años para lograr la paridad total. Curiosamente, el mismo documento menciona que, en la edición previa, se estimaba que quedaban 123 años, lo que evidencia una ligera inconsistencia en los cálculos del propio organismo.
¿Qué implica este desfinanciamiento para la capacidad del Estado de prevenir y atender la violencia de género? ¿Cómo se podrá medir la efectividad de políticas que ya no aparecen en los presupuestos oficiales? La falta de transparencia presupuestaria, señalada por la ACIJ, deja sin datos claros a la ciudadanía y a los organismos de control. Además, la caída en el ranking global contrasta con los avances en educación, lo que sugiere que los recortes están afectando de forma desproporcionada áreas críticas como la participación económica y la protección frente a la violencia.
En definitiva, la combinación de recortes presupuestarios, declaraciones polémicas y un aumento de los índices de violencia plantea dudas sobre la prioridad que el gobierno otorga a la igualdad de género. La pregunta que queda en el aire es si la agenda “cultural” del presidente será capaz de revertir una tendencia que, según los datos oficiales, va en dirección contraria.



