Bullrich cierra Inocencia Fiscal a cambio de biocombustibles del Norte
La jefa del bloque violeta aprobó el proyecto tributario tras pactar con los gobernadores del norte la modificación de la normativa del biodiésel. La votación quedó en 44 a favor, 23 en contra y 6 abstenciones, pero el acuerdo deja varias dudas sobre los alcances reales de la ley y el cumplimiento de las promesas hechas a los provinciales.
En una sesión que contó con la presencia de 37 senadores, sin los representantes pampeanos y con bajas oficiales por motivos personales, se aprobó el proyecto Inocencia Fiscal II. El resultado fue de 44 votos positivos, 23 negativos y 6 abstenciones, convirtiéndose en el primer proyecto aprobado en el año en sesiones ordinarias. La iniciativa se aprobó a cambio de una negociación liderada por Patricia Bullrich, jefa del bloque violeta, que incluyó cambios clave en la regulación de las pymes del biodiésel solicitados por los gobernadores del norte.
El acuerdo se concretó después de que el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, se reuniera con legisladores de Convicción Federal y con el ministro Diego Santilli. En esa reunión, Saénz denunció “la falta de reciprocidad” del Gobierno nacional y advirtió que la paciencia de los gobernadores se estaba agotando. La presión de los pasillos del Senado, alimentada por promesas incumplidas del Ejecutivo, habría sido determinante para que el bloque violeta abriera el recinto y aprobara el proyecto.
Además de Inocencia Fiscal, la sesión aprobó por unanimidad los tres pliegos enviados por el Ejecutivo, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el proyecto de biocombustibles. Sin embargo, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que el oficialismo también quería incluir, quedó pendiente por la falta de acuerdo sobre la designación de sus directores. Según fuentes cercanas a Bullrich, se espera volver a negociar ese proyecto el próximo jueves.
El texto de Inocencia Fiscal amplía el régimen simplificado de Ganancias al eliminar los límites de ingresos y patrimonio, permitiendo que contribuyentes de altos ingresos accedan al mismo. No obstante, los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años solo podrán presentar y pagar el impuesto, sin acceder a los beneficios del régimen. El proyecto también fija parámetros para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) impugne declaraciones cuando la diferencia sea al menos el 15 % del impuesto declarado, supere los $100 millones o incluya facturas apócrifas y pagos a cuenta improcedentes. En esos casos, el contribuyente tendría 15 días hábiles para rectificar y pagar la diferencia sin perder los beneficios del régimen.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, se limitará el uso de presunciones fiscales vinculadas a incrementos patrimoniales no justificados y a depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados. Si una impugnación de ARCA es revocada definitivamente, el organismo deberá devolver los importes cobrados más intereses dentro de los 45 días hábiles. El proyecto también obliga a quienes se adhieran al régimen a canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal o de entidades reguladas por el Banco Central o la CNV, y contempla una reducción de multas del 25 % y, en ciertos casos, del 50 % para MiPymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Desde la oposición, el jefe de bloque del peronismo, José Mayans, calificó la norma de “ley de lavado fiscal” y la acusó de favorecer a funcionarios como Adrián Adorni. La crítica se centra en que la ley, según los opositores, permite al Ejecutivo “culminar con el delito de evasión”. Por su parte, Bullrich defendió la iniciativa, argumentando que brinda una “Argentina previsible con mejor seguridad jurídica”, y sostuvo que la informalidad de los dólares es culpa del Estado, no del proyecto.
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