Cristina y Máximo señalados por la UIF como cabezas de asociación ilícita

Este viernes volvió a la sala de audiencias el proceso que investiga a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner por los casos Hotesur‑Los Sauces. En la apertura se leyó el requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que denuncia la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente”.

Según el documento de la UIF, la supuesta asociación se habría constituido a partir de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos públicos y otras personas de su confianza. La investigación describe una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, manteniéndose ininterrumpida al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, con el objetivo de sustraer y apoderarse de fondos públicos.

Las dos compañías vinculadas a la familia Kirchner son la inmobiliaria Los Sauces y Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate. En Los Sauces, los inquilinos centrales fueron Lázaro Báez y Cristóbal López, que concentraron el 88 % de la facturación, según la justicia que determinó que ambas firmas fueron usadas como pantalla para el lavado de activos.

La UIF enumeró a los integrantes de la supuesta organización: los hijos Máximo y Florencia Kirchner; los socios y amigos personales de los expresidentes Lázaro Báez, Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice; el contador Víctor Manzanares y sus empresas; los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa; la sobrina Romina Mercado; los integrantes del Grupo Báez, Martín Báez y Emilio Carlos Martín; y los escribanos Jorge Ludueña y Leandro Albornoz.

Los expedientes se juzgan de manera conjunta por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, y la acusación fue formulada por la querella presentada por la UIF dentro de la causa Los Sauces. La investigación se remonta al 4 de abril de 2016, cuando la entonces diputada Margarita Stolbizer presentó la denuncia que dio origen al proceso.

La UIF sostiene que la asociación criminal operó mediante una ingeniería societaria, contable y legal que permitió apoderarse de fondos públicos mediante distintos mecanismos de lavado, con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de los expresidentes y su grupo familiar primario bajo apariencia lícita. No obstante, el requerimiento no detalla los contratos específicos ni los montos involucrados, lo que deja abiertas preguntas sobre la evidencia concreta que sustenta la acusación.