Desalojan sinagoga de Flores tras disputa de dos congregaciones
Un templo en Helguera 270 quedó atrapado en una batalla legal entre dos grupos que se adjudican la propiedad. La orden judicial favoreció a uno de los bandos, pero los ocupantes se negaron a abandonar y la policía tuvo que intervenir. El caso plantea dudas sobre la gestión de inmuebles religiosos y la protección de la fe en la ciudad.
El jueves por la tarde la Policía Federal ingresó a la sinagoga situada en el barrio de Flores, en la intersección de la calle Helguera con la avenida Cabildo, y desalojó a un grupo de fieles que se negaba a ceder el inmueble. La medida se ejecutó tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia N.º 9 de la Capital, que dictaminó a favor de la comunidad que había presentado la demanda para “recuperar” la propiedad.
Según los autos, la causa surgió hace más de un año cuando dos organizaciones judías, ambas con historial de actividades en la zona, comenzaron a disputar la titularidad del edificio. Por un lado estaba la Asociación Cultural “Judea”, que alegaba haber adquirido la escritura en 2018 y que utilizaba la sinagoga como sede de sus actividades. Por otro, la Congregación “Bet Shalom”, que había arrendado el local desde 2020 y que, según sus dirigentes, nunca recibió notificación de la venta ni de la supuesta transmisión de la titularidad.
El conflicto se trasladó a los tribunales en febrero, cuando la Asociación Judea interpuso una demanda de “restitución de inmueble”. La jueza Laura Martínez, que lleva a cargo el expediente, falló en junio a favor de Judea, ordenando que la Congregación Bet Shalom desocupase el local en un plazo de 15 días. La resolución quedó en la calle, porque la Congregación no presentó recurso y, según los registros policiales, se negó a abandonar el edificio pese a la notificación oficial.
El lunes pasado, la autoridad judicial solicitó la intervención de la Policía Federal para garantizar el cumplimiento de la orden. El operativo, que contó con un destacamento de la Unidad de Orden Público, se realizó sin incidentes mayores, aunque los testigos relataron que los fieles manifestaron su descontento con pancartas que leían “¡No a la usurpación de nuestra casa de oración!” y “Justicia para Bet Shalom”. No se registraron daños materiales ni agresiones físicas; la fuerza pública simplemente abrió las puertas, retiró los objetos religiosos que estaban dentro y acordó un horario para que los ocupantes retiraran sus pertenencias.
El caso deja varios cabos sueltos. Primero, la falta de claridad sobre la cadena de titularidad del inmueble. La escritura que presentó Judea fue firmada por una empresa inmobiliaria que, según fuentes del registro de la Propiedad, había comprado el predio a una fundación benéfica en 2017. Sin embargo, la Congregación Bet Shalom sostiene que el contrato de arrendamiento que firmó con la fundación incluía una cláusula de “derecho de permanencia” que no fue respetada al venderse el edificio. La jueza Martínez, en su fallo, señaló que el contrato de arrendamiento había expirado en 2022 y que no existían pruebas de una cláusula de permanencia vinculante, pero no explicó por qué la documentación de la fundación no fue presentada como prueba.
En segundo lugar, la actuación de la Policía Federal plantea dudas sobre la prevención de conflictos religiosos. Los oficiales que participaron en el operativo declararon que no recibieron amenazas y que la evacuación se realizó de forma pacífica. Sin embargo, la comunidad judía de Flores expresó su preocupación por la “normalización de la violencia simbólica” y pidió que se revisen los protocolos de actuación cuando se trata de lugares de culto. La falta de una mediación previa, que podría haber evitado la presencia de la fuerza pública, quedó en evidencia.
Otro punto crítico es la ausencia de una respuesta oficial de los dirigentes de la Ciudad. El jefe de Gobierno, Julián Fernández, declaró en una rueda de prensa que “el Estado respeta la libertad religiosa y garantiza el cumplimiento de las decisiones judiciales”. Sin embargo, no se pronunció sobre la necesidad de crear un registro actualizado de inmuebles de uso religioso, una herramienta que, según expertos en derecho inmobiliario, podría reducir los conflictos de este tipo. La omisión genera la sensación de que la cuestión se trata como un problema puntual, cuando en realidad podría repetirse en otros barrios con alta concentración de comunidades.
Los implicados también se preguntan por el futuro del edificio. Judea anunció que reabrirá la sinagoga en los próximos meses, pero aún no se sabe si la Congregación Bet Shalom podrá volver a arrendar otro local en el área. La organización ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para “reinstalar la comunidad” y ha solicitado apoyo a la Federación Argentina de Entidades Judías. Mientras tanto, los vecinos del barrio, que habían sido testigos de la disputa, expresan cansancio. “Ya basta de ver cómo una cuestión interna de dos grupos nos afecta a todos”, comentó una residente que prefirió permanecer anónima.
El caso también reabre la discusión sobre la gestión de bienes religiosos en Argentina. La Ley de Entidades Religiosas, sancionada en 2008, establece que los inmuebles destinados al culto deben estar inscritos
