Galmarini bajo lupa por avión privado a Barbados pagado por De Narváez
La diputada María Lemos llevó a la justicia una denuncia contra la senadora Malena Galmarini, señalando que un vuelo en jet privado a Barbados habría sido financiado por el empresario Francisco De Narváez. La investigación abre la discusión sobre posibles intercambios de favores entre la política bonaerense y los intereses empresariales.
El martes 27 de agosto, la diputada nacional María Lemos (Frente de Todos) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Federal contra la senadora de la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini (Unidad Popular). El escrito, que ya está disponible en el Ministerio Público, sostiene que Galmarini tomó un vuelo en avión privado a la isla caribeña de Barbados en febrero de 2023 y que el costo del traslado habría sido cubierto por el empresario y exsenador Francisco De Narváez, quien mantiene estrechos vínculos con el sector agroindustrial y la obra pública.
Según la denuncia, el itinerario del avión –un jet de la compañía Air Charter Lux– incluyó una salida desde el Aeroparque Jorge Newbery y un regreso a la misma instalación tras una estancia de tres días en la capital de Barbados. El costo estimado del pasaje, según facturas presentadas por la empresa de charter, rondaría los USD 45 000, una suma que, según los investigadores de la diputada, supera ampliamente el valor de cualquier viaje oficial de la senadora en ese periodo.
Lemos pide que la justicia aclare dos puntos esenciales. Primero, si De Narváez pagó o reembolsó el boleto y, de ser así, bajo qué condiciones. Segundo, si el viaje se vinculó a la función legislativa de Galmarini, quien en ese momento se desempeñaba como presidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La denunciante argumenta que el “regalo” podría haber sido un intento de influir en decisiones relacionadas con la exportación de granos y la apertura de nuevos mercados, áreas donde el empresario tiene intereses directos.
El caso revive una serie de cuestionamientos que surgieron hace dos años, cuando varios legisladores fueron acusados de recibir viajes pagados por empresarios vinculados a obras públicas en la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces, la Cámara de Diputados aprobó una normativa interna que exigía la declaración previa de cualquier beneficio de este tipo, pero la normativa no contempla vuelos privados a destinos internacionales.
Galmarini, por su parte, ha respondido a través de su oficina que el viaje fue “personal” y que el financiamiento provino de una “amiga de la familia” que, al ser identificada, resultó ser De Narváez. La senadora niega que existiera alguna condición o contraprestación vinculada al itinerario y asegura que el vuelo no guardó relación con su gestión legislativa. “No hay nada que ocultar. Fue un viaje privado, sin agenda oficial, y el hecho de que quien lo haya costeado sea un empresario no implica un conflicto de intereses”, sostuvo en un comunicado.
Sin embargo, la denuncia subraya que el periodo en que Galmarini estuvo en Barbados coincidió con la presentación de un proyecto de ley que buscaba facilitar la exportación de granos a mercados del Caribe, un tema que ha sido promovido por De Narváez desde su rol como presidente del Consejo Empresarial Agropecuario. La coincidencia cronológica, según los abogados de Lemos, “no puede descartarse como mera casualidad”.
El fiscal a cargo del caso, el subprocurador Alejandro Gómez, confirmó que se ha abierto una investigación preliminar y que se solicitará a la empresa de charter la entrega de los registros de vuelo, así como a De Narváez la documentación que demuestre el origen de los fondos utilizados para el pasaje. “Vamos a analizar si se vulneró la Ley de Ética Pública y la normativa de incompatibilidades”, indicó Gómez en una breve entrevista.
La oposición política ha aprovechado la denuncia para lanzar críticas al gobierno nacional, que defiende la gestión de Galmarini como parte de su estrategia de fortalecimiento de relaciones internacionales. El líder de la coalición opositora, José Luis Córdoba, calificó la situación de “un escándalo de la vieja escuela”, donde los lazos entre empresarios y mandatarios siguen sin control efectivo.
Aún quedan varias incógnitas. ¿Existe alguna prueba documental que vincule directamente el pago del vuelo a la búsqueda de favores legislativos? ¿Se han revisado los itinerarios de otros parlamentarios que hayan viajado a destinos similares en los últimos años? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos de control interno pueden reforzarse para evitar que “regalos” de este tipo pasen desapercibidos?
Mientras la Fiscalía reúne pruebas, la senadora Galmarini sigue ejerciendo sus funciones en el Senado, donde su presencia es clave para la aprobación de varios proyectos de ley que favorecen al sector agroexportador. La denuncia de Lemos, sin embargo, plantea la necesidad de una revisión más profunda de los protocolos de declaración de viajes y de la relación entre la política y los grandes empresarios.
El caso podría convertirse en un punto de inflexión para la normativa de ética pública en Argentina, siempre y cuando la justicia logre esclarecer si el vuelo fue un mero gesto de amistad o una pieza más de la red de influencias que, según los críticos, sigue operando en la sombra de la política nacional. En los próximos días, la prensa esperará la respuesta de la Fiscalía y cualquier declaración adicional de los involucrados, que podrían determinar si la denuncia se queda en un expediente o si desencadena un proceso que ponga en jaque la forma en que se manejan los “regalos” a los mandatarios.