Electricidad sube 1,75 % en septiembre y se reduce el bono a 200 kWh

El Ministerio de Economía anunció ayer que, a partir de la próxima facturación, los usuarios residenciales verán un aumento promedio del 1,75 % en la tarifa de electricidad y del 1,40 % en la de gas natural. La medida, contenida en el decreto 2/2024, también modifica el esquema de subsidio: el consumo bonificado quedará limitado a 200 kWh mensuales, una caída del 20 % respecto al tope anterior de 250 kWh.

El ajuste se produce en un contexto de inflación que ronda el 140 % anual y de una balanza energética que sigue dependiendo en gran medida de la generación térmica y de la importación de gas. Según datos de la Secretaría de Energía, el consumo eléctrico residencial promedio en 2023 fue de 215 kWh por hogar, lo que implica que la mayoría de los usuarios ya superará el nuevo límite y verá una reducción directa del subsidio.

La justificación oficial se basa en la necesidad de “moderar el impacto inflacionario” y “conservar la sostenibilidad fiscal”. En la reunión del gabinete, el ministro de Economía sostuvo que el recorte del subsidio, que antes representaba un costo de 45 mil millones de pesos al año, era indispensable para evitar un desbordamiento del déficit fiscal. Sin embargo, la medida deja sin respuesta varios puntos críticos.

Primero, la cifra de 1,75 % parece pequeña frente a una inflación que supera el 130 % en el sector de servicios. ¿Qué margen de alivio real representa este aumento para los hogares? Los cálculos de la consultora EconData indican que una familia promedio con consumo de 200 kWh pagará alrededor de 1 200 pesos más al mes, una suma que, aunque no sea explosiva, se suma a la presión de precios en alimentos y transporte.

Segundo, la reducción del tope de subsidio afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 35 % de los hogares argentinos consume menos de 150 kWh y, por tanto, no se vería impactado. En cambio, el 45 % que supera los 250 kWh —principalmente familias con niños, personas mayores y usuarios de calefacción eléctrica— perderá una parte importante del apoyo estatal. La pregunta que queda abierta es: ¿existe un plan compensatorio para esos hogares o simplemente se les transfiere el costo al bolsillo?

Tercero, la medida contrasta con la política de precios regulados que se mantiene para la energía eléctrica en la zona del Gran Buenos Aires, donde la tarifa sigue bajo control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El mismo organismo ha señalado que la carga de los subsidios se concentra en la provincia de Buenos Aires y en el interior, donde la red es menos robusta y la dependencia de combustibles fósiles es mayor. ¿Por qué el ajuste se aplica de forma homogénea a todo el país, sin distinguir regiones con diferentes costos de suministro?

En el lado del gas, el aumento del 1,40 % se traduce en un incremento de 0,84 centavos por metro cúbico, según la Secretaría de Energía. La medida se produce después de que el gobierno anunciara una nueva licitación para la importación de gas licuado (GLP) a precios de referencia más bajos. Sin embargo, la capacidad de importación sigue limitada y el mercado interno mantiene una presión alcista. La decisión de subir la tarifa de gas sin una garantía clara de abastecimiento plantea la duda de si la política busca cubrir déficits de corto plazo o si responde a una estrategia de ajuste estructural.

Otro punto que merece atención es el efecto sobre la balanza comercial. El aumento de los precios de la energía eléctrica y del gas eleva la demanda de importaciones de combustibles y de equipos de generación renovable. En 2023, la cuenta corriente mostró un déficit energético de 3 mil millones de dólares, y las proyecciones para 2024 no indican una mejora significativa. Si el objetivo del gobierno es reducir la presión inflacionaria, ¿no sería más coherente impulsar una transición acelerada hacia fuentes renovables y reducir la dependencia de los combustibles importados?

Los sectores sindicales y de consumidores ya reaccionaron. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) denunció que “el ajuste penaliza a los más vulnerables y no se acompaña de una política de generación de empleo en el sector energético”. Por su parte, la Asociación de Usuarios de Luz y Gas (AULG) pidió una revisión del tope de subsidio y la implementación de un esquema escalonado que considerara el nivel de ingreso familiar.

En el plano político, el anuncio coincide con la campaña de reelección del presidente, quien ha prometido “mantener la energía al alcance de todos”. La contradicción entre la retórica y la medida fiscal abre una brecha de confianza que los analistas políticos ya señalan como potencial factor de desgaste electoral.

En síntesis, la subida de 1,75 % en la tarifa eléctrica y el recorte del subsidio a 200 kWh son parte de una estrategia de ajuste fiscal que, si bien se presenta como una medida de contención inflacionaria, plantea más preguntas que respuestas. ¿Quién absorberá el costo final? ¿Se acompañ