Los Neuss exigen revisión de la represa Los Nihuiles
El bloque legislativo liderado por los “Neuss” cuestiona la valoración del complejo hidroeléctrico y la indemnización millonaria que se destinaría a los usuarios. La provincia de Mendoza, que anunció la venta total del predio, avanza pese a la oposición y a la disputa con el ministro de Economía, Martín Mindlin.
La represa Los Nihuiles, ubicada en el Valle de Uco, es uno de los mayores activos de generación hidroeléctrica de la provincia de Mendoza. Construida en los años setenta, la obra tiene una capacidad instalada de 270 MW y abastece a más de 400 000 habitantes de la zona. En los últimos meses, el gobierno provincial anunció la intención de vender el 100 % de la propiedad a una consorcio privado, una medida que ha generado fuertes reacciones en el Congreso mendocino.
El bloque parlamentario conocido como “Los Neuss”, integrado por diputados de distintos partidos de centro‑izquierda, presentó una solicitud formal para que se suspenda la subasta mientras se revisa la valuación del complejo. Según el informe preliminar que entregó la Secretaría de Energía, el valor de mercado de la represa se habría estimado en 4.200 millones de pesos. Los legisladores sostienen que esa cifra subestima tanto el potencial de generación como los costos de adecuación a normas medioambientales vigentes.
“Hay una brecha importante entre la cifra oficial y la que realmente refleja el valor estratégico de Los Nihuiles”, declaró la diputada Ana Neus García, portavoz del bloque. “Si se vende ahora, se está despojiendo al Estado de un activo que podría financiar obras de infraestructura y de adaptación al cambio climático”. La diputada también señaló que la evaluación no consideró los ingresos futuros que la planta podría generar bajo un esquema de tarifas reguladas.
A la discusión sobre la valuación se suma la polémica por una indemnización de 250 millones de pesos que, según el proyecto de venta, debería abonarse a los usuarios y a las comunidades aledañas que dependen del caudal regulado por la represa. Los “Neuss” piden que esa suma se destine a un fondo de desarrollo regional, mientras que el gobierno provincial la presenta como un pago único para evitar litigios posteriores.
El ministro de Economía, Martín Mindlin, ha defendido la operación como una “oportunidad única” para atraer inversión extranjera y mejorar la balanza fiscal de la provincia. En una entrevista reciente, Mindlin afirmó que la venta está alineada con la política nacional de desestatización de activos estratégicos y que el proceso ya cuenta con la autorización del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura. “Los Nihuiles es un activo que, bajo gestión privada, puede operar con mayor eficiencia y generar mayores recursos para el erario”, aseguró.
Sin embargo, la oposición parlamentaria cuestiona la premura con que se tomó la decisión. La propuesta de venta fue aprobada en la sesión del gabinete de Mendoza el pasado 12 de julio, sin que se realizara una audiencia pública ni un estudio de impacto social. Organizaciones ambientalistas y sindicatos de trabajadores de la planta también han manifestado su rechazo, argumentando que la privatización podría derivar en aumentos de tarifas y en la pérdida de empleos locales.
Ante la presión, la Secretaría de Energía anunció la apertura de una mesa de trabajo que reunirá a representantes del gobierno provincial, el bloque “Los Neuss”, la empresa interesada en la compra – el consorcio argentino‑español HidroMendoza – y delegados de la comunidad. La mesa debe presentar un informe técnico en los próximos 30 días, plazo que, según los legisladores, resulta insuficiente para una valoración exhaustiva.
Mientras tanto, el proyecto de venta sigue adelante. La licitación pública, programada para el 15 de septiembre, ya cuenta con la documentación necesaria para que los postores presenten sus ofertas. La provincia ha señalado que los recursos obtenidos se destinarán a la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas y a la ampliación de la red eléctrica rural.
En el debate se repiten dos líneas de argumentación. Por un lado, los defensores de la privatización enfatizan la necesidad de modernizar la infraestructura y reducir la carga fiscal del Estado. Por otro, los críticos alertan sobre la pérdida de control sobre un recurso estratégico y la posible vulneración de derechos de los usuarios. La decisión final, que aún depende de la aprobación del Congreso nacional, podría sentar un precedente para
