Consultoras apuntan inflación bajo 2% y ponen en jaque al Gobierno

El panorama inflacionario de Argentina volvió a la palestra después de que varias consultoras publicaran sus estimaciones para el mes de julio. Según los datos recopilados, el aumento de precios se mantendría en torno al 1,5%, una cifra que queda por debajo del 2% que había generado expectativas de una desaceleración palpable. Sin embargo, el detalle que más llama la atención es la persistente presión de los alimentos, que volvieron a ser el sector que más impacta en la cesta de consumo.

Los números provienen de firmas como Bloomberg, Focus Economics y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ajustaron sus modelos tras observar una “incipiente suba” en los últimos días. La metodología, aunque no se detalla en los comunicados oficiales, parece basarse en encuestas de precios mayoristas y en la evolución de los contratos de servicios. Lo que resulta inquietante es que, pese a la aparente desaceleración, la inflación subyacente –la que excluye alimentos y energía– sigue rondando el 5,5%, una tasa que mantiene la presión sobre la política monetaria.

El Gobierno, que en los últimos meses ha intentado presentar una narrativa de recuperación, ahora se encuentra con la tarea de “recuperar su piso” de estabilidad de precios. La expresión, utilizada por el ministro de Economía en una entrevista televisiva, alude a volver a los niveles de inflación que se consideraban “aceptables” antes de la última crisis. Pero la pregunta que surge es: ¿qué significa realmente “recuperar el piso”? No hay un referente claro ni un objetivo cuantificado. Si el objetivo implícito es volver a una inflación anual del 20%, la proyección del 1,5% mensual todavía deja un camino largo.

Los analistas del mercado financiero no tardaron en señalar los vacíos de la proyección. En primer lugar, la estimación del 1,5% asume que el precio del trigo y del maíz, dos commodities críticos para la producción de alimentos, se mantendrán estables. Sin embargo, los últimos reportes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican una tendencia al alza en los precios internacionales, impulsada por la sequía en América del Sur y la demanda de China. Además, la devaluación del peso, que se ha mantenido en torno al 70% frente al dólar en los últimos seis meses, podría reactivar la inflación importada, un factor que los modelos parecen subestimar.

Otro punto que merece atención es la política de precios administrados que el Gobierno sigue aplicando en algunos sectores, como los combustibles y la energía eléctrica. Si bien esas medidas han contenido la suba en el corto plazo, su sostenibilidad está en duda. Los subsidios generan un déficit fiscal que el Estado tiene que financiar, y la historia reciente muestra que cuando los recursos se agotan, los precios tienden a dispararse de golpe. La falta de una estrategia clara para desmantelar esos subsidios sin generar un shock inflacionario es una laguna que los pronósticos no abordan.

En cuanto al consumo interno, la confianza de los hogares sigue siendo frágil. Según el último índice de percepción económica del INDEC, solo el 31% de los argentinos se siente optimista respecto a su capacidad de compra en los próximos tres meses. Esa cautela se traduce en una menor demanda, lo que, en teoría, debería aliviar la presión de precios. No obstante, la paradoja es que la escasez de productos en los supermercados, alimentada por la caída de la producción y la falta de importaciones, está impulsando los precios al alza. El escenario se vuelve más complejo cuando se suman los efectos de la inflación salarial, que se mantiene en torno al 5% anual, insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Los críticos también señalan que la proyección del 1,5% no contempla posibles tensiones sociales. En los últimos meses, se registraron protestas en varias provincias por la suba de tarifas de servicios básicos y el aumento de los precios de la canasta básica. Si esas movilizaciones escalan, el Gobierno podría verse forzado a intervenir con medidas de control de precios, lo que, a su vez, distorsionaría aún más los indicadores oficiales.

En definitiva, la cifra del 1,5% para julio parece más una señal de esperanza que una realidad consolidada. Los supuestos detrás del cálculo son vulnerables a variables externas como los precios internacionales de alimentos, la volatilidad del tipo de cambio y la sostenibilidad de los subsidios. Mientras tanto, la deuda pública sigue creciendo; el déficit fiscal del último trimestre se ubicó en el 4,8% del PIB, lo que limita la capacidad del Estado para absorber choques sin recurrir a la emisión monetaria, una práctica que históricamente ha alimentado la inflación.

La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno podrá traducir esas proyecciones en una política concreta que haga bajar la inflación de forma sostenida, o si seguirá navegando entre cifras “optimistas” y la cruda realidad de un país que siente cada aumento de precio en la mesa de la familia. La respuesta dependerá de la capacidad de los tomadores de decisión para enfrentar los desequilibrios estructurales, en lugar de confiar en estimaciones que, a primera vista, pueden sonar tranquilizadoras pero que, bajo la lupa, dejan muchos interrogantes sin respuesta.