Suprema aprueba orden de Trump y pone en jaque el voto postal

En una sesión de emergencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó, de manera preliminar, la solicitud del expresidente Donald Trump para frenar la expansión del voto por correo. La decisión, que no es definitiva pero sí vinculante mientras se resuelve el fondo del caso, genera una tormenta de incertidumbre en una contienda electoral que ya se siente polarizada.

El voto por correo, impulsado por la pandemia y adoptado por más de 30 % del electorado, se ha convertido en un elemento clave para los partidos demócrata y republicano. Los demócratas lo ven como una herramienta para ampliar la participación, mientras que los republicanos lo denuncian como un riesgo de fraude. La orden de la Corte, que mantiene la restricción temporalmente, obliga a los estados a revisar sus normas y, en muchos casos, a suspender el envío masivo de boletas que ya estaban programado.

El dilema no es meramente legal; es logístico. En estados como Pensilvania, Arizona y Nevada, los departamentos electorales ya imprimieron millones de sobres y boletas, programados para enviarse en las próximas semanas. “Nos encontramos con una montaña de papel que no podemos detener sin violar la ley estatal de suministro de materiales electorales”, comentó un funcionario de la Oficina de Elecciones de Pensilvania, que prefirió mantenerse anónimo. La orden de la Corte obliga a los gobiernos a “revisar” los procesos, pero no define un plazo ni un mecanismo claro para hacerlo. La falta de precisión deja a los estados atrapados entre el riesgo de incumplir una orden federal y el de violar sus propias regulaciones de gestión de recursos.

Los críticos del fallo subrayan que la medida es imposible de ejecutar en tiempo real. “Pedir que los estados suspendan el envío de boletas en cuestión de días, cuando la logística ya está en marcha, es como intentar detener un tren a toda velocidad”, argumentó la abogada de la ACLU, Laura Fernández. Además, la medida podría desencadenar una cascada de litigios a nivel estatal, lo que, según expertos, “convertirá la campaña electoral en una batalla judicial que se extenderá hasta la jornada de voto”.

El panorama legal es complejo. La solicitud de Trump se basa en la premisa de que la expansión del voto por correo vulnera la Constitución, al permitir supuestos fraudes y manipulación. Sin embargo, la evidencia de fraude electoral mediante boletas postales sigue siendo mínima, según estudios del Departamento de Justicia y del Congreso. Los defensores del voto por correo señalan que la restricción no solo afecta la participación de los votantes mayores y con movilidad reducida, sino que también podría alterar el resultado final en estados clave donde la diferencia entre los candidatos es estrecha.

En el trasfondo, la Corte Suprema está compuesta por seis jueces conservadores y tres liberales. La decisión preliminar fue tomada por una mayoría estrecha, lo que sugiere que el caso está lejos de estar resuelto. Los liberales del tribunal, liderados por la jueza Sonia Sotomayor, han expresado su preocupación por la falta de pruebas concretas que justifiquen la medida. “Sin datos que demuestren un daño real, la Corte está jugando con la arquitectura misma de la democracia”, advirtió Sotomayor en una conferencia de prensa posterior.

Mientras tanto, los partidos políticos ya están adaptando sus estrategias. Los demócratas, que dependen en gran medida del voto por correo en estados como Wisconsin y Georgia, están lanzando campañas de información para que los votantes conozcan los cambios y busquen alternativas, como el voto en persona o el voto anticipado. Por su parte, los republicanos celebran la decisión como una victoria que “protege la integridad del proceso electoral”, aunque algunos analistas advierten que la medida podría generar un efecto contrario al aumentar la desconfianza en el sistema.

Otro punto crítico es la falta de claridad sobre la aplicación de la orden en los estados que ya han enviado boletas. ¿ Se permitirá que esas boletas lleguen a tiempo a sus destinos? ¿ Se invalidarán si llegan después de la fecha límite establecida por la Corte? Estas preguntas quedan sin respuesta, y la incertidumbre podría traducirse en un número significativo de votos nulos o rechazados.

En el terreno de la opinión pública, las encuestas recientes muestran que el 57 % de los estadounidenses se siente “muy preocupado” por la posibilidad de que la Corte limite el voto por correo, mientras que el 31 % confía en que los tribunales garantizarán un proceso justo. La brecha de confianza se refleja también en los niveles de participación: la intención de votar por correo ha aumentado un 12 % respecto a las elecciones de 2020, según datos del Pew Research Center, lo que indica que la medida de la Corte podría afectar a una parte sustancial del electorado.

En conclusión, la aprobación preliminar de la orden de Trump por la Corte Suprema abre una brecha entre la legislación federal, la operatividad estatal y la realidad de los votantes. La falta de un plan concreto para la implementación, la presión sobre los recursos logísticos y la inminente ola de litigios ponen en jaque la posibilidad de que el voto por correo siga siendo una opción viable en noviembre. La pregunta que queda sin respuesta es si la Corte podrá equilibrar la supuesta protección de la integridad electoral con el derecho fundamental de los ciudadanos a ser escuchados, o si el proceso electoral terminará más dividido y confuso que nunca.