Fintech impulsa deuda de medio millón de jóvenes
Más de 500.000 menores de 24 años aparecen como morosos, según un estudio reciente. La facilidad de conseguir crédito online está reabriendo la discusión sobre la regulación y la educación financiera. Un caso viral muestra el precio personal de la sobreendeudación.
Un informe del Banco Central, publicado a principios de julio, revela que 527.000 argentinos menores de 24 años aparecen en el registro de deudores morosos. La cifra supera en un 38 % al dato de 2021 y constituye la mayor concentración de morosidad juvenil desde que se empezó a registrar información de este grupo en 2015. La tendencia no es casual: la expansión de las fintech, que ofrecen créditos a través de apps con pocos requisitos, está cambiando la forma en que los jóvenes acceden al dinero.
En la práctica, abrir una cuenta en una plataforma de préstamos digitales puede llevar menos de diez minutos. Con un número de teléfono y una selfie, el algoritmo evalúa el riesgo y otorga un límite que, en muchos casos, supera el ingreso mensual del solicitante. “Los criterios tradicionales de análisis de capacidad de pago se sustituyen por datos de comportamiento online, y eso abre la puerta a clientes que antes habrían sido rechazados”, explica la economista Ana María Ledesma, de la Universidad de Buenos Aires. El resultado es un mercado de crédito que, aunque más inclusivo en apariencia, genera una exposición al riesgo que aún no se ha medido.
El caso que hizo eco en las redes ilustra el problema en la vida real. María, 22 años, estudiante de arquitectura, compartió en Instagram un video donde mostraba una pantalla de su aplicación de fintech con una deuda de 124.000 pesos, acumulada en apenas seis meses. “Pensé que era fácil, que podía pagar la cuota mínima y seguir adelante”, confesó, mientras mostraba los mensajes de presión que la entidad le enviaba cada vez que el saldo se acercaba al límite. El video alcanzó más de 1,2 millones de reproducciones y desató una ola de comentarios de jóvenes que reconocían haber caído en la misma trampa.
Los expertos no tardan en señalar que la historia de María es la punta del iceberg. “Los jóvenes no solo carecen de experiencia financiera, sino que además están expuestos a campañas de marketing que venden el crédito como una herramienta de empoderamiento”, advierte el director de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (Conade), Luis Pérez. Según datos de la propia Conade, el 64 % de los usuarios de fintech menores de 30 años afirma haber recibido ofertas personalizadas vía WhatsApp o Instagram, a menudo con tasas que superan el 80 % anual.
Ante este escenario, la pregunta clave es quién debe intervenir. Las fintech operan bajo la supervisión de la Unidad de Información Financiera, pero los controles de verificación de ingresos siguen siendo ligeros. La normativa actual permite que el historial crediticio se construya a partir de datos de consumo digital, sin requerir un comprobante de sueldo. “Hay una brecha regulatoria que las fintech están explotando”, asegura la abogada especializada en derecho del consumidor, Carla Ríos. “Mientras tanto, los bancos tradicionales siguen bajo una lupa más estricta, lo que genera una competencia desleal”.
Algunos legisladores ya han propuesto endurecer los requisitos de otorgamiento de crédito para menores de 30 años, pero la iniciativa se topa con la resistencia del sector fintech, que argumenta que la regulación excesiva ahuyentaría la innovación y limitaría el acceso de personas no bancarizadas. El debate se complica cuando se considera que, según el estudio del Banco Central, el 42 % de los jóvenes endeudados no posee una tarjeta de crédito tradicional, lo que sugiere que el crédito digital es su única vía de financiamiento.
En cuanto a la solución, los expertos coinciden en que la educación financiera debe ir más allá de los cursos esporádicos. “Necesitamos programas obligatorios en la secundaria que incluyan simuladores de crédito y casos reales de sobreendeudamiento”, propone Ledesma. Además, sugiere que las fintech incluyan cláusulas de “alerta temprana” que impidan que un usuario cruce un umbral de gasto sin su consentimiento explícito. La Conade, por su parte, ha lanzado una campaña de información que incluye videos cortos y guías para reconocer ofertas engañosas, aunque su alcance sigue siendo limitado.
Sin embargo, la cuestión que queda sin respuesta es por qué, a pesar de la evidencia de un problema creciente, la autoridad financiera no ha impuesto límites de crédito por edad ni ha exigido pruebas de ingresos más rigurosas. ¿Se trata de una falta de voluntad política o de un desconocimiento de la magnitud del fenómeno? Mientras tanto, los jóvenes continúan recibiendo mensajes que glorifican el consumo inmediato, sin que se les ofrezca una hoja de ruta clara para evitar la espiral de la morosidad.
El caso de María, la cifra de medio millón de deudores y la presión de los organismos regulatorios dibujan un panorama donde la facilidad de acceso al crédito choca con la falta de protección del consumidor. La respuesta no será sencilla ni exclusiva de un solo actor. Será necesario que el Estado, las fintech, los educadores y los propios usuarios asuman responsabilidades compartidas. Si no se actúa con rapidez, la deuda juvenil podría pasar de ser una tendencia puntual a convertirse
