Treinta fieles se atrincheran y frenan desalojo de sinagoga en Flores
Un juez ordenó liberar un predio donde funciona una sinagoga y la autoridad municipal intentó el desalojo. La medida se vio interrumpida cuando alrededor de treinta miembros de la congregación se plantaron en la puerta, reavivando una disputa de años entre dos facciones de la comunidad judía.
El conflicto se originó hace más de una década, cuando dos agrupaciones de fieles reclamaron la titularidad del terreno ubicado en la intersección de la calle Salguero y la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores. Cada una de ellas sostiene que su congregación es la legítima heredera de la fundación que, según sus documentos, compró la parcela a principios de los años 80. La falta de una resolución clara provocó una serie de litigios que llegaron al Poder Judicial de la Nación.
En febrero de 2024 el juzgado 2 de la Capital dictó una orden de desalojo a favor de la agrupación que había logrado acreditar la cadena de títulos de propiedad mediante escrituras registradas. La sentencia exigía que la comunidad ocupante abandonara el inmueble en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de ejecutar la medida con la fuerza pública. La autoridad de la Ciudad, a través de la Subsecretaría de Seguridad, activó el operativo para cumplir la orden.
Sin embargo, cuando la brigada de la Policía Metropolitana llegó al sitio, se encontró con una escena inesperada: alrededor de treinta personas, mayormente adultos mayores y jóvenes, habían cerrado la puerta principal con muebles, sillas y una cadena de hierro. Uno de los presentes, identificado como Moisés Cohen, de 58 años, explicó que la comunidad había decidido “defender el lugar donde generaciones han rezado”. Según su relato, la congregación había recibido avisos previos de la justicia, pero consideró que la medida vulneraba su derecho a la libre práctica religiosa.
Los agentes intentaron negociar la salida, pero la tensión aumentó cuando algunos manifestantes alzaron pancartas que leían “Nuestro templo, nuestro derecho”. La policía, bajo la orden del Jefe de la Subsecretaría de Seguridad, Marcelo Fernández, solicitó apoyo del cuerpo de Gendarmería para desalojar el inmueble. Ante la resistencia, la autoridad municipal decidió detener la operación y retirar a los efectivos, evitando un enfrentamiento que, según el propio jefe de seguridad, “podría escalar en violencia y dañar la imagen del barrio”.
El fallo judicial quedó, por ahora, en suspenso. El magistrado que lo dictó, el Dr. Ricardo Ledesma, manifestó que la decisión de la Ciudad de detener el desalojo no implica una revocación de la sentencia, sino una “medida cautelar” para evitar daños colaterales mientras se revisan los antecedentes del caso. En una entrevista breve, el juez advirtió que la parte vencedora en el proceso podría presentar un recurso de amparo para forzar la ejecución de la orden, aunque subrayó que cualquier medida forzada tendría que respetar los derechos constitucionales de los ocupantes.
Mientras tanto, la comunidad judía de Buenos Aires se ha dividido. La federación de sinagogas de la Capital, representada por la presidenta de la Federación de Comunidades Judías Argentinas (FCJA), Ana Feldman, señaló que la disputa interna “no debería convertirse en un tema de seguridad pública”. Por su parte, la facción que perdió la batalla legal emitió un comunicado en el que calificó la decisión judicial de “injusta” y pidió al gobierno nacional que intervenga para proteger la libertad religiosa.
El intendente de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a través de su oficina de prensa indicando que el gobierno municipal respeta la autoridad judicial, pero que “no se tolerará el uso de la fuerza en un escenario que involucra a ciudadanos y lugares de culto”. Añadió que la administración está dispuesta a mediar entre ambas partes para encontrar una solución que evite nuevos enfrentamientos.
Expertos en derecho inmobiliario explican que el caso pone de relieve la complejidad de la legislación sobre bienes inmuebles pertenecientes a entidades religiosas. Según la abogada especializada en derecho de la cultura, Lucía Martínez, “las congregaciones pueden registrar sus inmuebles como patrimonio cultural, lo que otorga una capa adicional de protección, pero no elimina la necesidad de demostrar la titularidad registral”. Martínez también señaló que, en situaciones donde la comunidad ocupa el inmueble sin título, el Estado tiene la facultad de ejecutar desalojos, siempre que se garantice el debido proceso y se minimice el impacto en la vida religiosa.
A falta de una resolución definitiva, el edificio permanece cerrado al público. Las ventanas están protegidas con láminas de seguridad y la entrada sigue bloqueada por la cadena que los fieles instalaron la madrugada del lunes. La policía municipal mantiene una vigilancia discreta, mientras los abogados de ambas partes revisan la posibilidad de presentar nuevas pruebas ante el juzgado.
El episodio reaviva el debate sobre la convivencia entre la justicia y la libertad de culto en una ciudad tan diversa como Buenos Aires. Mientras la autoridad judicial evalúa los recursos que se presenten, la comunidad de Flores observa con cautela, sin saber cuándo volverá a escucharse el llamado a la oración dentro de sus muros.
