Gobierno eleva sueldos de militares y policías hasta 12 % en diciembre
El Ejecutivo aprobó un escalón de aumentos que arrancan en septiembre y culminan con un 12 % para algunos efectivos en diciembre. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, genera preguntas sobre su alcance real frente a una inflación que supera los 140 % y sobre el presupuesto que implica.
El Boletín Oficial publicado este lunes oficializó los nuevos haberes para los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad pública. A partir del 1 de septiembre, el salario básico de todos los uniformados subirá un 5 %. En octubre, los oficiales recibirán un 4 % adicional y, finalmente, el 1 de diciembre, los efectivos de categorías especiales –incluidos los de la Policía Federal y del Ejército de Tierra– verán su paga incrementarse en un 3 % más, lo que lleva el total al 12 % para esos grupos.
En cifras, un soldado que cobraba 150 000 pesos al mes percibirá 157 500 pesos al iniciar el ajuste. Un oficial de la Policía Federal, cuya nómina ronda los 200 000 pesos, alcanzará los 224 000 al cierre del año. El gobierno estima que la operación costará alrededor de 45 mil millones de pesos, según datos del Ministerio de Economía.
El anuncio se dio en un contexto de inflación acumulada que, según el INDEC, supera el 140 % en los últimos doce meses. En términos reales, los nuevos haberes apenas compensan la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. La cifra del 12 % puede sonar sustancial, pero, al compararse con la subida de precios de alimentos, combustibles y servicios, el alivio real para los efectivos parece limitado.
Los sindicatos de la Policía Federal y del Ejército reaccionaron con cautela. La Confederación de Fuerzas Armadas (CFA) agradeció el “reconocimiento al sacrificio” pero subrayó que “un aumento puntual no soluciona la crisis salarial que arrastra a los uniformados desde la última década”. Por su parte, la Central de Trabajadores de la Policía (CTP) exigió que se revise la tabla salarial completa y se garantice la indexación automática a la inflación, una medida que el Ejecutivo aún no ha anunciado.
La decisión también plantea interrogantes sobre la lógica del escalonamiento. El gobierno argumentó que la distribución progresiva permite “ajustar el presupuesto sin desbalancear la cuenta pública”. Sin embargo, críticos financieros señalan que el desembolso total se concentra en los últimos meses del año, lo que podría generar una presión fiscal inesperada antes de la presentación del presupuesto nacional de 2027. Además, la falta de claridad sobre la fuente exacta de los 45 mil millones –si provienen de reasignaciones, emisión de deuda o recortes en otras partidas– deja abierta la cuestión de la sostenibilidad fiscal.
Otro punto que no se explicó con detalle es la diferencia entre los aumentos de los efectivos de base y los de categorías especiales. Mientras que los soldados y guardias reciben el 5 % inicial, los oficiales y cuerpos de élite suman otros dos tramos, lo que genera una brecha de hasta 7 % entre los rangos más bajos y los más altos. En un sector donde la jerarquía ya determina gran parte de los ingresos, la medida podría acentuar tensiones internas.
En la arena política, el anuncio llega a pocos meses de las elecciones legislativas de 2027. Analistas de la Universidad de Buenos Aires advierten que el incremento salarial podría ser una “carta de presentación” para el oficialismo, intentando captar el voto de los uniformados y sus familias. Sin embargo, la misma lógica sugiere que si la medida no logra mejorar la percepción de seguridad y la calidad de vida de los efectivos, el gesto podría resultar contraproducente.
El impacto en la percepción pública también es relevante. Encuestas
