Piffer desentierra voces silenciadas en Muntref, pero el financiamiento queda en sombra

El Museo Nacional de Teatro y Radiodifusión (Muntref) abrió sus puertas a “Entre pasados”, la nueva muestra de la artista visual Cristina Piffer. Con más de veinte piezas, muchas nunca antes exhibidas, la exposición se plantea como un “tendal de despojos”, un espacio donde los cuerpos y testimonios borrados por los discursos oficiales vuelven a la luz. Curada por Diana Wechsler, la muestra combina instalaciones, fotografías y objetos encontrados para reconstruir episodios de violencia política que, según la artista, siguen resonando en la vida cotidiana.

Al ingresar, el visitante se topa primero con una pared cubierta de fotografías en blanco y negro, cada una acompañada de una hoja de papel donde se transcriben fragmentos de testimonios judiciales y denuncias de desaparecidos. En otro sector, una instalación de metal oxidado y ropa rasgada sugiere los “cuerpos que el Estado quiso hacer desaparecer”. Piffer, quien vivió la dictadura en su adolescencia, explicó en la rueda de prensa que su objetivo es “mostrar lo que los archivos oficiales omiten, para que el silencio no sea una excusa”.

Sin embargo, el discurso de la muestra choca con la realidad institucional que la acoge. Muntref, dependiente del Ministerio de Cultura, recibe fondos públicos y, en algunos casos, aportes de empresas privadas vinculadas a la gestión cultural. Hasta la fecha, el organismo no ha publicado un desglose de los recursos destinados a “Entre pasados”. La ausencia de datos abre la puerta a la duda: ¿qué intereses económicos se esconden detrás de una exposición que denuncia la impunidad estatal?

La falta de transparencia no es aislada. En los últimos años, varios centros culturales estatales han sido cuestionados por la opacidad de sus presupuestos. En 2022, un informe de la Auditoría General de la Nación señaló que el 38 % de los fondos asignados a proyectos de arte contemporáneo no estaba debidamente justificado. En este contexto, la ausencia de información sobre el financiamiento de “Entre pasados” genera sospechas sobre posibles influencias externas o, al menos, una falta de rendición de cuentas que contrasta con el mensaje de la obra.

Otro punto que la muestra parece pasar por alto es la pluralidad de víctimas. La exposición se centra, en buena medida, en testimonios de desaparecidos vinculados a la guerrilla urbana y a la represión militar. No aparecen, sin embargo, relatos de víctimas de la violencia de grupos paramilitares o de la represión policial posterior a la dictadura. La curadora Wechsler justificó la selección alegando que “el objetivo es profundizar en la sombra del Estado”. Pero al hacerlo, la muestra refuerza una narrativa que, aunque válida, no abarca la complejidad del panorama de violencia que se extendió durante décadas.

Este recorte temático plantea una cuestión ética: ¿puede una exposición que denuncia la violencia institucional hacerlo sin reconocer su propio rol como institución del Estado? Muntref, al acoger la muestra, se vuelve parte del discurso que la obra critica. La paradoja no pasa desapercibida. En la inauguración, el ministro de Cultura, al elogiar la muestra, afirmó que “es fundamental que el Estado abra sus puertas a la memoria”. La frase suena a compromiso, pero la falta de datos financieros y la ausencia de una política clara de inclusión de todas las voces históricas dejan la promesa en el aire.

En el terreno de la crítica artística, “Entre pasados” no escapa