Asesor de Caputo obtiene crédito US$315 mil para casa en San Isidro
Felipe Núñez, cercano al ministro de Economía, reveló que el Banco Nación le concedió un préstamo de 315 mil dólares para adquirir una vivienda de 400 metros cuadrados en San Isidro. El caso plantea preguntas sobre los criterios de la banca pública y la coherencia de los discursos oficiales sobre acceso a crédito.
En una entrevista que se volvió viral en redes, Felipe Núñez, quien se autodefine como “tuitero de Caputo” y ejerce como asesor del ministro de Economía, contó que el Banco Nación le otorgó un préstamo de 315 000 dólares para comprar una casa de 400 m² en el barrio de San Isidro. La cifra, que supera los 100 millones de pesos al tipo de cambio oficial, no pasa desapercibida cuando se compara con los ingresos promedio de la mayoría de los argentinos, ni con los requisitos habituales que la banca estatal anuncia para los solicitantes.
Núñez intentó minimizar la operación diciendo que “fue como cualquier hijo de vecino”. La frase, que pretendía normalizar el hecho, resulta desconcertante frente a los números. Según datos del INDEC, el ingreso familiar medio en 2023 rondó los 1,2 millones de pesos mensuales, mientras que la cuota mensual de un crédito de esa magnitud, a una tasa de referencia del 71 % anual que maneja el Banco Nación para préstamos hipotecarios, superaría los 500 000 pesos. En otras palabras, la deuda representaría varios años de salarios promedio.
El Banco Nación, como entidad pública, tiene la obligación de distribuir el crédito de manera equitativa y con criterios transparentes. En los últimos años, el banco ha anunciado programas de “crédito para la clase media” y “acceso a la vivienda” con la premisa de ampliar la oferta a sectores que históricamente han sido excluidos. Sin embargo, la operación de Núñez parece encajar más en la categoría de “crédito de alto valor”. No se han publicado los documentos que respalden la evaluación de riesgo, la garantía ofrecida ni el proceso de aprobación. La ausencia de información alimenta la sospecha de un trato preferencial, al menos en la percepción pública.
La vivienda en cuestión está ubicada en una zona



