Se agota el margen para recortes; empresarios exigen lucha contra evasión
Desde la asunción de Javier Milei, el gasto público bajó siete puntos del PIB, concentrando la mayor parte del ajuste en buscar superávit fiscal y financiar la baja de impuestos. Con el “corte de motosierra” sin espacio para seguir, la cámara empresarial cobra voz y pide que el gobierno enfoque su política en la evasión tributaria.
El gobierno de Javier Milei ha avanzado, según sus propios números, más de siete puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en reducción del gasto público. De ese ajuste, dos tercios se destinaron a la búsqueda del superávit fiscal que prometió en su programa de gobierno, mientras que el tercio restante se utilizó para financiar la reducción de impuestos que definió como “corte de motosierra”. La metáfora, que al principio sirvió para vender la idea de un ajuste drástico y necesario, ahora parece haber llegado a su límite.
Los datos oficiales muestran que, en los últimos doce meses, la partida de gasto corriente cayó un 9,3 % y la de inversión un 4,2 %. La balanza fiscal, que antes registraba un déficit de 2,5 % del PIB, se volvió positiva en el último trimestre, alcanzando un superávit de 0,8 %. Sin embargo, la caída de la recaudación tributaria, que se redujo en torno al 6 % del total, ha dejado un hueco que el gobierno pretende cubrir con una mayor fiscalización.
En este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de la Industria Argentina (CIIA) enviaron una carta a la Oficina de Gestión Estratégica (OGE) solicitando que la política de ajuste se detenga y que se priorice la lucha contra la evasión. “No podemos seguir sacrificando inversión pública y servicios esenciales mientras la evasión sigue creciendo”, señaló el presidente de la CAME, Carlos Ramos, en una entrevista telefónica. “El margen para nuevos recortes se ha agotado; lo que ahora falta es cerrar la brecha entre lo que se declara y lo que realmente se paga”.
El argumento de los empresarios no es nuevo. Hace dos años, el Ministerio de Economía lanzó la “Agenda de Formalización”, que incluía la ampliación del Registro de Operadores Económicos (ROE) y la implementación de sistemas de facturación electrónica obligatoria para todos los sectores. Según la AFIP, la base imponible del IVA creció un 2,4 % en 2023, pero la recaudación total del impuesto apenas subió un 0,9 %, lo que sugiere que la brecha sigue siendo significativa. Los empresarios piden, además, que se refuerce la capacidad de control de la AFIP mediante la incorporación de nuevas tecnologías de análisis de datos y la creación de un “fondo de recuperación” alimentado por multas a los evasores.
El gobierno, por su parte, ha respondido que ya está trabajando en una “re‑estructura del aparato recaudatorio”. En una rueda de prensa el pasado lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se están revisando los criterios de fiscalización de los grandes contribuyentes y que se implementará un “reglamento de control de precios de transferencia” para evitar la subdeclaración de utilidades en operaciones internacionales. “No se trata de volver a los niveles de gasto del pasado, sino de hacer que lo que se gasta sea sostenible”, sostuvo Caputo, añadiendo que el ajuste fiscal ya no tiene “espacio para seguir recortando”.
Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si la reducción de la evasión será suficiente para compensar la caída de la recaudación originada por los descensos de alícuotas. Los datos del Banco Central indican que la recaudación tributaria total representó el 22,3 % del PIB en el último trimestre, una cifra inferior al promedio de la región, que ronda el 24 %. Si bien el superávit fiscal es un logro bajo la lógica de la disciplina presupuestaria, la caída de la inversión pública —
